Publicado el: Mie, Abr 24th, 2013

Jueza Larrieu y Jueza Canessa difieren sobre DDHH y prescripción.

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La Jueza Letrada de 1º Instancia en lo Penal de 7º Turno, Dra. Beatriz Larrieu, desestimó una solicitud para clausurar por prescripción la causa iniciada en 2003 contra los mandos civiles, militares y policiales que pudieran estar implicados en la detención, tortura y posible homicidio de Norma Cedrés, hechos que habrían ocurrido entre los años 1975 y 1978.

Larrieu ocupa el cargo que dejó vacante la Dra. Mariana Mota desde el 14 de febrero último, tiempo en que ambas magistradas fueron trasladadas junto a otros trece colegas por la Suprema Corte de Justicia en el marco de las competencias asignadas al máximo órgano judicial por el art. 239 de la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales nº 15.750. Hasta ese momento Larrieu se había desempeñado como Jueza Letrada suplente de la capital del país.

En su resolución la Dra. Larrieu sostuvo que “el cómputo del plazo prescripcional debe iniciarse en el año 2009 desde que no corresponde tener en cuenta el tiempo de ruptura institucional ni el lapso de vigencia de la ley nº 15.848 hasta su declaración de inconstitucionalidad por constituir dicha norma un impedimento para la investigación de los hechos”. Agrega la magistrada que “fue a partir de esa fecha que por la vía de declaración de inconstitucionalidad de la ley en cada caso, se pudieron iniciar las correspondientes investigaciones judiciales”.

Citando a la CIDH la jueza consideró que la Ley No. 15.848 “sirvió para clausurar todos los juicios criminales por violaciones de los derechos humanos, cerrando toda posibilidad jurídica de una investigación judicial destinada a comprobar los delitos denunciados e identificar a sus autores, cómplices o encubridores”. Y fue en ese marco que esta misma norma “afectó los derechos de numerosas personas (concretamente, las víctimas, familiares o damnificados por las violaciones de derechos humanos mencionadas) que han visto frustrado su derecho a un recurso, a una investigación judicial imparcial y exhaustiva que esclarezca los hechos, determine sus responsables e imponga las sanciones penales correspondientes” a tal punto que “las consecuencias jurídicas de la Ley respecto del derecho a garantías judiciales son incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos”.

VER DOCUMENTO.

Por otro lado, la Jueza Letrada de 1º Instancia de 6º Turno, Dra. Fanny Canessa, dispuso la clausura y archivo de actuaciones en las que se investigaban presuntas violaciones de los derechos humanos durante el período de facto.

En su sentencia fechada el pasado 16 de abril, la magistrada entendió que desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia (por sentencia Nº 186 de fecha de fecha 13 de marzo de 2013) declaró inaplicables los arts. 2º y 3º de la Ley 18.831 para este caso en concreto, se removió el obstáculo que impedía declarar la prescripción del presunto hecho delictivo que se estaba indagando, correspondiendo por tanto amparar la petición de la defensa.

Canessa sostuvo que, a su criterio “ésa es la única solución legal posible en este caso”.

Y agrega la jueza que “aún admitiendo que el plazo de prescripción haya comenzado a correr recién con el advenimiento del régimen constitucional democrático, el 1º de marzo de 1985, el plazo máximo de prescripción al que aludimos anteriormente se cumplió el 1º de noviembre de 2011”.

La decisión señala que “por la vía de declarar que delitos cometidos antes del año 1985 son ‘crímenes de lesa humanidad’, la Ley No. 18.831 aplica a hechos acaecidos antes de 1985 una ley penal que no existía en ese período, lo que la Constitución prohíbe”.

“Ni las normas que establecen la imprescriptibilidad de estos delitos, ni los tipos penales previstos por tales leyes pueden tener aplicación con relación a hechos acaecidos antes de su incorporación a nuestro ordenamiento. Proceder de otro modo supone violar el principio constitucional de legalidad en materia penal, el cual consagra un derecho humano básico”.

Canessa subraya, además, que “para los delitos cometidos durante la dictadura y amparados por la Ley de Caducidad, no se creó ninguna norma de prescripción especial, sino que regían los mismos términos extintivos que para cualquier otro delito, por lo que no sería de aplicación la condena impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la remoción de las leyes de prescripción establecidas especialmente para esos casos, ya que no se dictaron tales leyes”.

Fuente: Poder Judicial.

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